Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo/Zona Franca).– La ultraderecha guanajuatense despertó de su letargo luego de que el Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Márquez Márquez, firmara con la ONU, particularmente con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), un acuerdo para erradicar la violencia contra las mujeres.

La razón, es que consideran que el convenio promoverá el aborto en la entidad.

Así lo dejaron ver Luz María Ramírez Villalpando, exdirectora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug); Miriam Mosqueda, hija del exsecretario de Gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda Martínez, a quien también se le ha vinculado con el Yunque; Beatriz Rodríguez Moreno, fundadora del grupo antiaborto Suma tu voz y Araceli Plascencia.

 

Las cuatro mujeres guanajuatenses participaron en la emisión “Pacto de muerte, la ONU en Guanajuato”, del programa ¡Dilo bien!, el cual fue transmitido el 27 de mayo del presente año en el canal católico Mariavisión.

Éste es conducido por Rafael Becerra González, joven jalisciense que el día de ayer se presentó en la ciudad de León como presidente de la Alianza Internacional de la Juventud y dejó en claro su postura contraria al aborto, así como su desagrado por el acuerdo firmado por Miguel Márquez con Naciones Unidas y la gestión de Adriana Rodríguez Vizcarra frente al Imug.

De acuerdo con el presentador, lo que la administración estatal ha presentado como un convenio para promover los derechos humanos de las mujeres es en realidad “un pacto de muerte que impulsará el aborto y diferentes temas que están en contra de la vida y de la familia”.

La postura fue secundada por las cuatro guanajuatenses.

Beatriz Rodríguez Moreno, quien fue una de las encargadas de la quema de libros de biología que se realizó en León en 2009, señaló que la ONU ha enfocado los derechos de las mujeres a una cuestión de control natal.

En el mismo orden de ideas sostuvo que los funcionarios de Naciones Unidas han intentado cambiar tratados internacionales para introducir el aborto seguro y legal como parte de los derechos de las mujeres.

Los argumentos…

Por su parte, la exdirectora del Imug mencionó que unos de los derechos de las mujeres contemplados por la ONU son los sexuales y reproductivos, mismos que conllevan a que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo.

“Como derecho sexual y reproductivo está el derecho de tener el número de hijos que la mujer y su pareja quieran y en el momento que ella quiera. Entonces aquí podemos encontrar toda esta estrategia para llevarnos a ese derecho más profundo de la mujer que es el derecho a decidir (sobre su propio cuerpo). Te estoy hablando desde el lenguaje de la ONU”, mencionó Ramírez Villalpando.

Cabe mencionar que aunque el Grupo Interagencial de Género del Sistema de las Naciones Unidas en México sí menciona que los individuos tienen derecho a decidir respecto al matrimonio y la reproducción, no incluye al aborto en su definición de Derechos Sexuales y Reproductivos.

 

Sin dar nombres ni precisar números, Beatriz Rodríguez aseguró que la mayoría de los funcionarios de la ONU que operan los tratados signados con diversos países, son proabortistas y lo que llamó pro’gaynomio’, con lo que refirió a que están a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como la adopción por parte de parejas homosexuales.

A pesar de las aseveraciones ya señaladas y la acusación contra el gobierno de Miguel Márquez, las activistas provida aseguraron que la ONU no ha incluido en ninguno de sus documentos el aborto como un derecho.

“El aborto no es un derecho en ninguna parte del mundo, ni está escrito oficialmente en ningún documento de la ONU, ni en los propios tratados internacionales que se han desarrollado y que se han gestado. No existe, pero esta es la reinterpretación que ha hecho de una manera muy exitosa todo el lobby feminista dentro de la Organización de las Naciones Unidas”, continuó la exdirectora.

Durante la transmisión, las activistas antiaborto afirmaron que el PNUD propone el aborto como medida para acabar con el efecto invernadero.

La afirmación fue realizada utilizando como base dos fragmentos del Informe sobre desarrollo humano 2011 de la PNUD.

El primero de ellos el PNUD subraya que:

“Las inversiones que mejoran la —equidad  por ejemplo, facilitando el acceso a energía renovable, agua y saneamiento y salud reproductiva—pueden mejorar tanto la sostenibilidad como el desarrollo humano”.

Que es precedido por un párrafo en el que se destaca que la sostenibilidad está “íntimamente ligada a la equidad, entendida como justicia social y mayor acceso a una calidad de vida”. Además, refiere que las desigualdades de género empeoran los resultados ambientales. En este texto no se hace referencia al aborto. (Mira la contraportada del documento)

Se basaron también en el siguiente fragmento:

“Los derechos reproductivos, incluido el acceso a servicios de salud reproductiva son una condición previa de empoderamiento de la mujer y también podrían evitar la degradación ambiental”.

Éste es precedido un por la afirmación de que las alternativas reproductivas son medidas para evitar la degradación ambiental. Como  ejemplo de aplicación de alternativas reproductivas, la PNUD nombra a Bangladesh, en donde el Gobierno recurrió a programas de divulgación y subsidios para facilitar la disponibilidad de métodos anticonceptivos , además de que se generó diálogo con líderes de opinión para influir en las normas sociales. (Léelo en la página 9 del documento)

Cabe recordar que la ONU, a través de su Comisión de Población y Desarrollo, negó que el aborto sea un método de planificación familiar y reconoció a la familia como la base de la sociedad. Esto en abril pasado.

Ramírez Villalpando mencionó que durante su gestión frente al Imug luchó contra una de las recomendaciones vertidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) en agosto de 2012, apenas un mes antes de que su encargo como servidora pública estatal terminara.

En el punto 33 de esta recomendación, el Comité solicita a las autoridades mexicanas eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir su embarazo de manera legal, así como ampliar el acceso al aborto legal.

Asimismo solicita que se asegure que las mujeres que tengan motivos legales para interrumpir su embarazo, particularmente las que han sido violadas, tengan acceso a servicios médicos seguros, así como a anticonceptivos de emergencia, aborto y al tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

La recomendación, señalaron las guanajuatenses, fue retomada por la Secretaría de Salud federal (SSA), a la que, dijeron, ‘le vale un cacahuate’ la soberanía de las entidades federativas.

De acuerdo con el extracto de un documento presentado por las activistas, la SSA informó que los proveedores de servicios médicos en la entidad federativa están obligados a practicar el aborto conforme con su cuerpo normativo estatal.

En Guanajuato el aborto es considerado un delito, no obstante, las leyes locales estipulan algunos casos en los que está despenalizado.

Vale mencionar que los documentos presentados por Ramírez Villalpando, Rodríguez Moreno, Mosqueda y Plascencia, fueron los mismos que utilizó Rafael Becerra González el día de ayer en la ciudad de León, donde acompañado por el Movimiento Sumando Vida, que se encuentra todavía en ciernes, se manifestó contra el aborto.

Desde hace algunas semanas Sumando Vida ha exigido a Miguel Márquez rescinda el convenio que firmó con la ONU utilizando los mismos argumentos expuestos en el programa de Mariavisión.

Fue también el día de ayer que, a través de un comunicado, el Gobierno del Estado negó que el acuerdo, al que se destinaron 520 mil pesos, tuviera como fin promover el aborto en la entidad.

Se vuelcan contra feministas

Beatriz Rodríguez subrayó que algunos grupos han logrado que una visión ‘antropocentrista-feminista’ se imponga a una visión cristiana, que es la que impera en la entidad.

En la pantalla fueron expuestas Norma Nolasco Acosta y Verónica Cruz Sánchez, así como Marta Lamas Encabo, quien recientemente fue contratada para impartir un taller al Gobierno de Guanajuato en materia de género.

El conductor del programa aseguró que las activistas en pro de los derechos de las mujeres hacen negocio y cobran a las víctimas de violencia de género por asesorarlas.

Miriam Mosqueda aseveró que el ‘Caso Lucero’ fue el despertó la creencia de que en Guanajuato existe de manera reiterada la violencia contra la mujer y motivó el Código Naranja y señaló que no se trata de que no se proteja a las mujeres, sino de que no se tomen los casos como la generalidad.

Asimismo, sostuvo que es innecesaria una capacitación en ideología de género.

“No se necesita una capacitación en ideología de género para respetar a una mujer, lo que se necesita es educación, lo que se necesita es aprender que existe el respeto a las personas, a su integridad al no ser violadas, al no ser violentadas. También los hombres”.

Esta sentencia fue compartida por Ramírez Villalpando, quien dijo que en Guanajuato se cuenta con especialistas que pueden capacitar a los funcionarios, no es necesario contratar a Marta Lamas o a las feministas.

‘No tienen idea de qué son los derechos humanos de las mujeres’: Verónica Cruz

La directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez señaló que los grupos antiaborto que han brotado a últimas fechas no tienen idea de lo que son los derechos humanos de las mujeres.

“Para poder entender hay que leer. Es gente que no tiene idea de qué es la perspectiva de género, que no tiene idea de qué son los derechos humanos de las mujeres, que no tiene idea de que por siglos, en lo que tenemos de existencia, las mujeres deliberadamente hemos sido excluidas del mundo, y que hoy se necesitan acciones afirmativas para poder decir que las mujeres existimos en igualdad de derechos, en tanto a personas humanas y que tenemos el mismo valor”, sostuvo..

Asimismo señaló que las integrantes de Las Libres aportan su trabajo profesional voluntario para apoyar a mujeres que son orilladas a solicitar ayuda cuando el Estado no les garantiza el acceso a una vida libre de violencia, además de que viven violencia institucional.

Agregó que desde hace tres años la organización ha funcionado con recursos de quienes laboran en la misma, dado que ésta no recibe recursos públicos desde hace tres años.

Es hasta este año que Las Libres ganaron concursos para apoyar proyectos específicos, no para la asociación civil, sostuvo.

Finalmente, la activista recalcó que quien robó dinero público al encabezar el Imug fue Luz María Ramírez. Cruz Sánchez señaló que la exservidora pública no hizo nada al frente del Instituto, además de que siempre estuvo en contra de los derechos de las mujeres.

Fue durante la gestión de Ramírez Villalpando que se retrasó la aprobación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.